En busca de apoyo internacional en la negociación con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo este martes conversaciones telefónicas con el titular de Economía y Finanzas de Italia, Daniele Franco, y la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Nadia Calviño.
Son las primeras gestiones por la deuda externa después de la derrota del oficialismo en las elecciones del domingo pasado, en las que Alberto Fernández anunció el envío de un programa económico plurianual al Congreso a principios de diciembre en el marco de las negociaciones con el organismo.
Guzmán dialogó sobre las tratativas con los representantes de ambos países, que son miembros del Fondo. “Durante la reunión, Guzmán felicitó a Franco por los logros alcanzados durante la Presidencia del G20 de Italia que acaba de concluir”, confirmaron este martes fuentes del Ministerio de Economía.
El ministro ya había mantenido contactos con ellos en otras ocasiones, como ocurrió en octubre en la asamblea anual del FMI en Washington y la cumbre del G20 en Roma, donde la comitiva oficial mantuvo varias reuniones con los técnicos del staff de Kristalina Georgieva.
Sin margen para extender un programa de facilidades extendidas más allá de 10 años, el Gobierno intentó en esa gira lograr una reducción de las sobretasas que cobra el organismo a los países sobreendeudados para ahorrar unos US$ 1.000 millones por año, pero sin demasiados avances.
El Fondo se limitó a señalar que las reuniones fueron “productivas” y confirmó que a fin de año habrá una reunión del directorio en la que se evaluará el pedido de los ministros de Finanzas del G20, que se mostraron interesados en que continúe el debate en cuestión, sin adoptar una postura.
Ahora, el resultado electoral aceleró los esfuerzos por obtener respaldos para cerrar un programa antes de marzo. El Gobierno enfrenta fuertes vencimientos en los próximos meses y mayores presiones cambiarias, dos factores que vienen reduciendo las reservas del Banco Central.
Convencido de que la negociación es “geopolítica”, el titular de Hacienda prevé mantener encuentros con diferentes países, mientras a nivel local se reactivará el Consejo Económico y Social junto a empresarios y sindicalistas. El mayor desafío, sin embargo, será el acercamiento con la oposición.
La idea es enviar un proyecto de ley con metas de crecimiento, dólar, recaudación y reducción del déficit fiscal, como mínimo hasta 2024 y que podrían llegar al 2026, es decir, parte del próximo mandato, en el que la gestión de turno deberá hacer frente a los pagos de un eventual acuerdo.
Pero en Juntos por el Cambio desconfían de la iniciativa oficialista cuando aún no se debatió el Presupuesto 2022 y creen que la definición de un plan económico es potestad del Ejecutivo y no del Congreso, a menos que el proyecto incluya otras leyes con medidas concretas.
En su primera reacción tras los resultados del domingo, el Fondo dijo este lunes que “es importante” que el plan que negocia con la Argentina tenga “un amplio apoyo político y social” y ratificó su preocupación por llegar a acuerdos para resolver los desafíos económicos, entre ellos la “alta inflación”.