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La justicia confirmó la prisión preventiva de uno de los acusados y la libertad con restricciones de los otros tres. El hecho ocurrió el 18 de abril cuando el menor recibió un disparo en la nuca por parte de un agente, falleciendo ocho días después.
Este jueves se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva de los cuatro policías imputados por el homicidio agravado del menor Lautaro Labbe, de 16 años, quien fue baleado en el barrio San Martín el pasado 18 de abril, falleciendo ocho días después. El fiscal y la querella solicitaron que se mantengan las medidas cautelares dictadas en la audiencia de apertura, mientras que las defensas no se opusieron.
Según la acusación, el policía Simón Cruz disparó desde atrás al adolescente, que estaba desarmado, impactando en su nuca y causándole la muerte. Luego, junto con sus compañeros Raúl Colque, Lautaro Valenzuela y Roberto Ortiz, elaboró un acta policial falsa para encubrir el hecho. La autopsia confirmó que el disparo fue efectuado desde abajo hacia arriba, lo que indica que la víctima estaba en total indefensión.
El fiscal argumentó que existen elementos de convicción para sostener la autoría y coautoría de los cuatro imputados y que persisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por ello, pidió que se mantenga la prisión preventiva de Cruz por tres meses o hasta la audiencia preliminar y que se le imponga la presentación quincenal y la prohibición de contacto con testigos y familiares de la víctima a los otros tres acusados. La querella adhirió a lo solicitado por el fiscal.
Las defensas no cuestionaron las medidas sustitutivas, pero pidieron que las presentaciones sean mensuales en virtud del cumplimiento que han demostrado sus defendidos. Además, informaron que Cruz presentará un informe socio-ambiental para pedir una morigeración de su prisión preventiva, como el arresto domiciliario.
El juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Cruz por el término de 15 días y las presentaciones mensuales y prohibición de contacto con testigos y familiares de la víctima de los restantes tres imputados por el término de tres meses. El magistrado consideró que los fundamentos del fiscal eran suficientes para sostener las medidas cautelares y que existían riesgos procesales que debían ser evitados.
Fuente: MPF Comodoro Rivadavia