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Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se han reunido estos días en Granada para revisar el estado de la justicia y comprobar qué funciona y qué necesita mejorarse. Entre las conclusiones de las XIX jornadas que celebran, destaca su «preocupación» por «la permanente descalificación» que se hace de la función de los jueces, de su «legitimidad para decidir (que no al sentido de la decisión), que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la justicia, con el riesgo añadido de provocar pérdida de confianza por parte de la ciudadanía» sobre esa función.
Sin referencias expresas al término ‘lawfare’ (persecución injustificada judicialmente del enemigo político), incluido en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a los insultos realizados por diputados a jueces, los presidentes de los TSJ dicen estar preocupados por «la situación general de la justicia: su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno, su politización, real o aparente, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas«, así que piden a «los responsables políticos que cierren, de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado -o apenas iniciado de modernización de la justicia».
A continuación señalan que «un año más que permanecen invariables grandes retos pendientes», como «reforzar institucionalmente el poder judicial y resolver de una vez y para siempre la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018″, lo que significa que ha doblado su mandato previsto en funciones. Para reorganizar y modernizar el sistema creen necesaria «una profunda y urgente reforma para resolver los déficits organizativos, estructurales, legislativos y tecnológicos que la lastran desde hace décadas.
Los presidentes de los TSJ son conscientes de que mejorar la imagen de la justicia «concierne a toda la comunidad jurídica, comenzando» por quienes integran el poder judicial, lo que les hará afanarse «día a día para conseguir la plena legitimidad funcional, dando lo mejor desde los distintos niveles judiciales, con el máximo esfuerzo y compromiso, conscientes de su enorme responsabilidad».
Para ello creen necesario buscar «los mecanismos legales que refuercen el estatuto profesional del juez en el ejercicio independiente e imparcial de su función, no solo desde la perspectiva formal, sino dotándolo de un contenido material que aleje planteamientos que lleven a una falta de credibilidad por la previa actividad política de jueces».
Conscientes de «la necesidad de mejorar la imagen del juez ante la sociedad, partiendo de la relevancia de sus funciones e incidiendo especialmente en su profesionalidad, independencia e imparcialidad», intentarán adoptar medidas para lograrlo, mejorando la comunicación de sus decisiones, con el programa escolar «Educar en justicia» y la publicación de principios de ética judicial.